Las minas de Mariana un año después: ¿Hemos aprendido algo?
Redacción Protección Laboral03/11/2016
Mañana, 5 de noviembre, se cumple un año de la tragedia ocurrida en Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana (Brasil). Esta localidad minera fue arrollada por millones de metros cúbicos de lodo tóxico procedentes de la rotura de la represa de un dique que servía para la contención de residuos. Éste pertenecía a la explotación controlada por la compañía Samarco Mineração (filial de Vale y BHP).
Las inundaciones de barro y deslizamientos de tierra provocaron 17 muertos y 15 desaparecidos, además del desalojo de 1200 personas. Pero no fue sólo una catástrofe humanitaria sino también medioambiental. Los residuos tóxicos llegaron al Río Doce, contaminando el agua utilizada para abastecer a los 230 municipios de los estados de Minas Gerais. Los análisis del agua potable daban un nivel de metal por encima de los índices recomendados y, durante semanas, los aldeanos no pudieron consumirla. Finalmente, el lodo tóxico también alcanzó el Atlántico.
ANTONIO LACERDA EFE
Aunque en un principio se atribuyó el accidente a unos temblores de tierra que registró la Red Sismográfica Brasileña, más adelante salió a la luz la negligencia de la Empresa minera. Y es que según esta información, los ingenieros ya habían advertido de un peligro inminente. Además, la minera fue responsabilizada de “lanzar residuos en desacuerdo con los parámetros de calidad exigidos por la ley y provocar emisión de efluentes”.
En un inicio, se condenó a la compañía a pagar 250 millones de reales (unos 60 millones de euros) al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), en concepto de daños medioambientales, además de las indemnizaciones a las familias. El pasado mayo, 6 meses después, la fiscalía determinó que las multinacionales Vale y BHP deberían pagar 55.000 millones de reales (unos 40.000 millones de euros). El Gobierno también autorizó una partida presupuestaria extra de 9 millones de reales (unos 2,5 millones de euros) destinada a reforzar las medidas de seguridad en las minas de hierro del estado de Minas Gerais, donde se ubica Mariana.
A día de hoy, la minera ha propuesto nuevas medidas de tratamiento de los residuos en Mariana, con la compra de un nuevo terreno que pretende desviar los residuos del desastre ambiental como una acción de emergencia para controlar los efectos de la rotura de la represa. En palabras de Marcelo Belisario, superindentende de IBAMA, se trata de una “área de disposición de residuos del dragado que es una acción de para garantizar la estabilidad de la otra represa”.
www.brasildefato.com.br
Aunque estas obras se hagan en el marco de una emergencia y cuenten con la aprobación de organizaciones medioambientales, los vecinos de la zona no lo tienen tan claro ya que, a fin de cuentas, son un impacto permanente que consigue que la minera cada vez tenga más presencia en su zona. Thiago Alves, de la coordinación estatal del “Movimiento de Afectados por Represas” (MAB en portugués) explica “Estamos viviendo en un momento donde el territorio afectado por la Samarco va siendo cada vez más dominado por ella, que está multiplicando sus intervenciones”. Thiago, a la vez, exige más transparencia por parte de las instituciones públicas y privadas implicadas en las obras y la participación de su asociación en este tipo de decisiones, ya que para algo son los . Las reivindicaciones de los vecinos también nos hacen plantear a nosotros si las actividades de la empresa para mejorar la situación no la pueden llegar a empeorar, para los que viven allí.
Por su parte, y para hacer memoria sobre la tragedia, la asociación MAB ha denunciado la impunidad en relación al caso con una marcha denominada “Un Año de Barro y Lucha”. Ésta pasará por diversos de los puntos afectados para escuchar el testimonio de su población.
Las inundaciones de barro y deslizamientos de tierra provocaron 17 muertos y 15 desaparecidos, además del desalojo de 1200 personas. Pero no fue sólo una catástrofe humanitaria sino también medioambiental. Los residuos tóxicos llegaron al Río Doce, contaminando el agua utilizada para abastecer a los 230 municipios de los estados de Minas Gerais. Los análisis del agua potable daban un nivel de metal por encima de los índices recomendados y, durante semanas, los aldeanos no pudieron consumirla. Finalmente, el lodo tóxico también alcanzó el Atlántico.
ANTONIO LACERDA EFE
¿Se podría haber prevenido?
Aunque en un principio se atribuyó el accidente a unos temblores de tierra que registró la Red Sismográfica Brasileña, más adelante salió a la luz la negligencia de la Empresa minera. Y es que según esta información, los ingenieros ya habían advertido de un peligro inminente. Además, la minera fue responsabilizada de “lanzar residuos en desacuerdo con los parámetros de calidad exigidos por la ley y provocar emisión de efluentes”.
En un inicio, se condenó a la compañía a pagar 250 millones de reales (unos 60 millones de euros) al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), en concepto de daños medioambientales, además de las indemnizaciones a las familias. El pasado mayo, 6 meses después, la fiscalía determinó que las multinacionales Vale y BHP deberían pagar 55.000 millones de reales (unos 40.000 millones de euros). El Gobierno también autorizó una partida presupuestaria extra de 9 millones de reales (unos 2,5 millones de euros) destinada a reforzar las medidas de seguridad en las minas de hierro del estado de Minas Gerais, donde se ubica Mariana.
Un año después
A día de hoy, la minera ha propuesto nuevas medidas de tratamiento de los residuos en Mariana, con la compra de un nuevo terreno que pretende desviar los residuos del desastre ambiental como una acción de emergencia para controlar los efectos de la rotura de la represa. En palabras de Marcelo Belisario, superindentende de IBAMA, se trata de una “área de disposición de residuos del dragado que es una acción de para garantizar la estabilidad de la otra represa”.
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Aunque estas obras se hagan en el marco de una emergencia y cuenten con la aprobación de organizaciones medioambientales, los vecinos de la zona no lo tienen tan claro ya que, a fin de cuentas, son un impacto permanente que consigue que la minera cada vez tenga más presencia en su zona. Thiago Alves, de la coordinación estatal del “Movimiento de Afectados por Represas” (MAB en portugués) explica “Estamos viviendo en un momento donde el territorio afectado por la Samarco va siendo cada vez más dominado por ella, que está multiplicando sus intervenciones”. Thiago, a la vez, exige más transparencia por parte de las instituciones públicas y privadas implicadas en las obras y la participación de su asociación en este tipo de decisiones, ya que para algo son los . Las reivindicaciones de los vecinos también nos hacen plantear a nosotros si las actividades de la empresa para mejorar la situación no la pueden llegar a empeorar, para los que viven allí.
Por su parte, y para hacer memoria sobre la tragedia, la asociación MAB ha denunciado la impunidad en relación al caso con una marcha denominada “Un Año de Barro y Lucha”. Ésta pasará por diversos de los puntos afectados para escuchar el testimonio de su población.
