Donar órganos para salvar vidas. Recompensa: ¿perder el empleo?

El pasado abril el Senado aprobó, por fin, adoptar las medidas necesarias para que las bajas de los donantes vivos de órganos se consideren causa de incapacidad laboral, con todos los efectos y prestaciones de la Seguridad Social que les corresponden. Un avance en los derechos laborales que hasta el momento no era posible en España. La Comunidad de Madrid también ha empezado a facilitar las bajas a los donantes vivos, desde marzo. Pues antes de la operación, deben someterse a numerosas pruebas clínicas que son difíciles de conciliar con el trabajo.

Diferentes partidos ya habían hecho propuestas parecidas y, finalmente, el Partido Popular presentó la moción al Senado. Así, los Ministerios de Sanidad y Empleo ya han  empezado a estudiar cómo se garantizará la protección laboral de esos trabajadores.

Una iniciativa muy parecida está activa en la plataforma change.org,  promovida por la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos (HEPA), la cual forma parte de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH). En ésta se pide una modificación legal que impida que un donante cobre menos o sea despedido al cogerse la baja, de la misma manera que se considera nulo cesar del trabajo a las mujeres embarazadas.

Puede parecer algo básico, pero hasta ahora los trabajadores no gozaban de esta protección cuando decidían someterse a una intervención médica para intentar salvar la vida de otros. España ha alcanzado récords en realización de trasplantes durante años y nunca se ha dejado de hacer campaña al respecto. Por ello, resulta aún más chocante que las empresas tuvieran tan fácil poder despedir o dificultar la conciliación de los trabajadores donantes.

Con la legislación actual (la que es casi seguro que cambie después de la votación del senado), las compañías que despiden a sus trabajadores por ese motivo sólo corren el riesgo de que dicho despido se considere improcedente (o procedente, según el caso). Es decir, no nulo. Con ello, tendrían que pagar la indemnización correspondiente al ex empleado pero no tendrían la obligación de readmitirlo, como pasa con las mujeres embarazadas o con los trabajadores que se han acogido al derecho de la jornada reducida para poder cuidar a sus hijos. Por ello, muchos donantes acaban gastando su tiempo de vacaciones para poder compatibilizar las dos cosas.

De hecho, según la iniciativa de change.org, ya han sido bastantes los casos de personas que han perdido el empleo por someterse al tratamiento previo a la donación. Destaca el relato anónimo con el que empiezan su campaña: “Soy donante vivo de órganos. La vida de mi hija dependía de que yo le donara parte de mi hígado. Así que me pedí unos días de baja y otros de vacaciones para poder desplazarme a Madrid y someterme a la operación. A una semana de la intervención, fui llamado al despacho del director de Recursos Humanos y me despidieron. Lo que más me dolió fueron sus palabras: “Así podrá usted dedicarse mejor a cuidar a su hija”.”

Hasta que el gobierno no lo decrete, la protección laboral a los donantes no será un hecho. Pero la declaraciones del senador popular Antonio Alarcón, que insta a “avanzar en las medidas necesarias para ampliar la  protección de personas que, de forma voluntaria y altruista, se someten a una intervención quirúrgica…” dan a entender que más tarde o más temprano esas medidas de protección van a ser una realidad. O eso esperamos.

Por | 2017-07-17T09:58:40+00:00 17 de Julio de 2017 |Blog, Mercado de trabajo|Sin comentarios

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